Supervivientes de la avalancha legislativa

Ante el incesante goteo de modificaciones legales, leyes de nuevo cuño y reglamentos a discreción, me preguntaba si tras superar varios temarios de oposiciones a cuerpos superiores me quedaba algún conocimiento memorizado útil tras el naufragio.

Para los que superamos el umbral de las oposiciones o se incorporaron al ejercicio de la abogacía en el pasado siglo (¿cómo suena, eh?), no queda ni el procedimiento administrativo (Ley 39/2015) ni la organización administrativa básica (Ley 40/2015), ni los contratos (R.D.L.3/2011), ni la responsabilidad patrimonial (Ley 40/2015), ni el jurisdiccional (L.O. 19/2003, Ley 37/2011 y LO 7/2015), ni el régimen tributario (ley 58/2003), ni las haciendas locales (R.D.L. 2/2004), ni las Universidades (LO 6/2001), ni la seguridad ciudadana (LO 4/2015), ni el régimen general de subvenciones (Ley 38/2003), ni la defensa de la competencia (Ley 15/2007), protección de consumidores y usuarios (R.D.L.1/2007), ni los dominios públicos especiales (Montes, Ley 43/2003, modificada por Ley 21/2015; Puertos, R.D.L.2/2011; Carreteras, Ley 37/2015; ni por supuesto la Administración electrónica que no existía ni se esperaba, ni el Estatuto de Empleados públicos (EBEP 2007), etc.

Suspiremos y luego respiremos lentamente, porque algo queda.

Veamos lo que nos queda tras la avalancha si removemos el lodo para rescatar algo. ¿Sobrevivirán las leyes?, ¿ Sobrevivirán los juristas?.

I. Aunque hay más, a bote pronto se me ocurren los siguientes supervivientes.

1. La vieja Ley del Suelo de 1976 gracias al blindaje de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97 que la “resucitó” y quedó como pieza de puzle para completar lo que las Comunidades autónomas silencien. El resultado de este escenario de coexistencia incómoda de legislación estatal y autonómica lo comenté como “Corrupción urbanística I” y como “Corrupción urbanística II”, que desembocaría en el Jaque mate a la corrupción urbanística.

2. La Ley de Expropiación Forzosa de 1954, elaborada por espléndidos administrativistas y que sobrevive, aunque intuyo que no se toca esa Ley no vaya a ser que se modifique el art.52 relativo a las expropiaciones de urgencia y que es el comodín que de excepción se ha convertido en regla. De hecho la última reforma fue un retroceso en las garantías.

3. El viejo Reglamento de Actividades molestas, nocivas e insalubres de 1961 que, salvo que sea desplazado por la legislación autonómica, mantiene su útil aplicación a establecimientos de todo pelaje, desde churrerías a minas (sin olvidar el enredo generado sobre su alcance tras la Directiva de Servicios).

4. La Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que ha sufrido veinte modificaciones y el impacto de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad, que se mantiene como un veterano de guerra, con cicatrices y cojeando.

5. El maltrecho Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de Junio de 1955 que tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 214/89 no puede sustituirse porque no hay cabeza humana capaz de determinar qué “espacio competencial” en materia de servicios corresponde a la Comunidad Autónoma y cual al Estado.

6. Una pléyade de reglamentos “en busca de amo” como perros asilvestrados (sin el collar de una Ley, despellejados por sentencia, se van con cualquiera, etc).

II. Podrá decirse aquel proverbio inspirado en el rey Salomón de que “no hay nada nuevo bajo el sol” y que las nuevas leyes son maquillajes de las viejas. 

Solamente me hago una pregunta: ¿todos los funcionarios que nos formamos bajo las viejas leyes, bajo un viejo paradigma, estamos preparados para seguir sirviendo a la Administración o al poder público?.

Se dirá que lo que vale es la experiencia atesorada, la intuición, las cicatrices de las heridas de guerra y la experiencia en Vietnam. Sí, pero lo cierto es que hay infinidad de nuevas normas, del máximo rango y bajo diferentes principios y que yo sepa, no hay manera humana ni divina de obligar a que se lean, estudien y apliquen con ilusión. En general, suele mirarse con displicencia y estudiar la nueva Ley cuando se plantea la necesidad o el caso.

III. Quizá hay que plantearse que  las leyes sobreviven… pero… ¿sobreviven a la avalancha los funcionarios? Viene al caso porque tuve ocasión de hablar con un alto funcionario que no llegaba a los cincuenta años y ante mi comentario de las novedades legislativas me espetó: “ Ya soy mayor para estudiar, y no voy a cambiar”. También recuerdo cierto juez, quien tampoco llegaba a los cincuenta, que sentía mucho que el BOE no se publicase en papel y que “no estaba para estos inventos”. Y como no, también conozco algunos abogados veteranos que piensan que para estudiar están los pasantes novicios y que ya están en otra guerra.

Cierto que estos son casos extremos y tan excepcionales que por eso lo reseño y es que, si bien corren malos tiempos para la lectura de artículos jurídicos, quien más quien menos, intentamos ponernos la día para que “no nos pille el toro”.

Creo que la formación actualizada va en el sueldo del funcionario y el juez, así como en los honorarios del abogado. Primero, formarse e informarse, y después aplicarle la experiencia e intuición. Son vertientes complementarias. Una sin la otra puede llevar al desastre.

Sin embargo, como decía Julio Camba “hay años en que uno no está para nada”.

NOTA DE SOCIEDAD.- El próximo viernes, día 30 de Octubre tendrá lugar la presentación de nuestro Diccionario Jurisprudencial del proceso contencioso-administrativo (La Ley-Wolters Kruger), en que los dos autores, la magistrada María Dolores Galindo Gil y el que os habla, nos esforzaremos en un acto ameno por hablar de la utilidad de la jurisprudencia, precedidos eso sí por las sabias (y breves) palabras de Federico López de la Riva (Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y magistrado excedente), Ana Caro Muñoz (Técnico de la Universidad Autónoma de Madrid), y Juan Manuel del Valle Pascual (abogado, letrado público y artista).

Esta presentación se realizará el próximo viernes a las siete de la tarde en la Librería Gaztambide, en Calle de Gaztambide número 6, Madrid.

Será un placer saludaros o incluso dedicar algún libro con mala caligrafía pero buenísima intención.

Os esperamos con la sonrisa puesta.

¡¡ EL ESPERADO DICCIONARIO JURISPRUDENCIAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO !!